El gobernador Luis Fortuño radicó ante la Asamblea Legislativa el Plan de Reorganización número 1 con el propósito de crear la Oficina de las Administración de la Procuradurías.

La realidad detrás de este proyecto, alega el sindicato que agrupa a los empleados de la Oficina de Comunidades especiales y del Procurador del Veterano, es añadir a los despidos que provoca la Ley 7 la derogación de tres leyes y las enmiendas de otras para limitar o eliminar derechos adquiridos por las comunidades pobres, las mujeres, personas con impedimentos, envejecientes, pacientes de servicios médicos, veteranos y población en general.

“Es urgente que nos movilicemos para denunciar que este gobierno de ricos pretende quitarnos el trabajo y los derechos que cada sector ha luchado por años. Tenemos que unir fuerzas para defender nuestros trabajos y derechos”, expresó Luis Pedraza Leduc, coordinador de PROSOL UTIER, en un comunicado de prensa.

“En la Oficina de Comunidades Especiales nos han quitado los teléfonos, se han recogido de las oficinas el equipo de computadoras, escritorios y archivos. Se traslada ilegalmente a los empleados para aislarlos de las comunidades en que trabajan y ocasionarles mayores gastos de viaje. La oficina carece de dirección y supervisión ya que la gerencia intermedia fue despedida desde noviembre de 2009.

“Cerca de 130 empleados están amenazados de despidos por la Ley 7 y ahora quieren derogar la Ley que crea el programa y la Oficina de Comunidades Especiales. Es hora de movilizarnos, una vez más, para decir NO a los planes de este gobierno” añadió Pedraza Leduc al describir el proceso de ir cerrando paulatinamente la Oficina de Comunidades Especiales.

Al comentar como se afecta la Oficina del Procurador del Veterano, se denunció por el sindicato que nueve (9) empleados fueron despedidos de un total de 20 empleados unionados. “Hoy tenemos cinco (5) oficinas de servicios sin el personal para atender al veterano. Intentan imponer al resto del personal secretarial y administrativo tareas y funciones que requieren una preparación y certificación especial, violando así las propias leyes y reglamentos” denunció el dirigente sindical.

PROSOL UTIER sostiene que la estructura administrativa que propone el Plan de Reorganización parte de una premisa desenfocada. El sindicato sostiene que crear una estructura de administrar y dar servicios de atención u orientación a quienes visiten las oficinas no es la necesidad principal de las poblaciones o sectores que se han identificado como meritorias de una procuraduría o de un trato especial. Estos sectores sociales están en desventaja frente al proceso social y económico que impera en el país.

Por tanto, estructuras de desarrollo comunitario, trabajo social y ser activista a favor de causas se impone.

“Este plan de reorganización ata las manos, desmantela oficinas, deroga leyes, derechos y toda la bondad o maldad a destilar dependerá del funcionario a cargo de las oficinas” expresa Pedraza Leduc.

Como si fuera poco, insiste PROSOL UTIER, todas las oficinas gubernamentales están pasando por una crisis creada por el gobierno de ricos que no cree en la igualdad ni la justicia social. Los servicios al pueblo están parcialmente paralizados, los empleados amenazados de ser despedidos, sobrecargados de trabajo y responsabilidades, en menoscabo sus derechos adquiridos y sus salarios.

Finalmente PROSOL UTIER lanzó un mensaje a todos los ciudadanos, “Todos debemos estar alertas y movilizarnos ante la legislatura y el gobernador para oponernos al Plan de Reorganización número 1. El Programa de Solidaridad UTIER comparecerá ante la legislatura para evitar se apruebe este plan. Coordinaremos nuestros esfuerzos con todos los sectores afectados de manera que puedan realizarse actividades tanto en las comunidades, en los centros de trabajo en riesgo de ser desmantelados y que se logre la movilización de mujeres, personas con impedimentos, envejecientes, pacientes de servicios médicos, comunidades, veteranos y ciudadanos conscientes a favor de la justicia social y la igualdad”.