“La única batalla que se pierde es la que no se da”

Nuestra razón de ser
El surgimiento del Frente Amplio de Solidaridad y Lucha, FASyL, es la respuesta organizativa que en enero de 2009 la Coordinadora Sindical y otros sectores sindicales, comunitarios y políticos damos a la propuesta neoliberal que la entonces recién electa administración Fortuño anuncia mediante el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal, CAREF. Ya en noviembre de 2008, el CAREF, compuesto por catorce 14 ejecutivos en representación de las principales empresas bancarias, casa de corretaje, negocios de alimentos, aseguradoras, bufetes de corporaciones y otras empresas anunciaron recomendaciones entre las que se destacaban el despido de trabajadores del gobierno, la privatización de agencias gubernamentales, la eliminación de derechos y condiciones de trabajo y una revisión de los procesos de permisos para construir o iniciar operaciones comerciales en Puerto Rico.

Desde esta perspectiva las medidas económicas y políticas impulsadas por la administración Fortuño son ideológicas, de corte conservador y en total apoyo a un sistema que favorezca al capital sin ningún tipo de control. En este escenario las grandes empresas ganan y son favorecidas por encima de toda otra consideración política, ambiental, económica o social.

La propuesta que presenta el gobierno de Luis Fortuño no es nueva. Existen documentos que demuestran como desde la década del 1980 se hacen estudios por parte de la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales en los cuales se impulsan ideas para reducir el gobierno, promover la privatización mediante diversas modalidades, revisar la legislación laboral y protectora del trabajo, así como revisar la otorgación de permisos para hacerlos menos rigurosos.

Desde la administración de Rafael Hernández Colón en el cuatrienio de 1988 al 1992, seguido por Pedro Rosselló, Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá las propuestas de los sectores empresariales han estado presentes con un gran apoyo de los gobernantes. Las respuestas de los sectores sociales han sido coyunturales y contradictorias. La defensa de la Compañía Telefónica ante los intentos de venta de RHC, la experiencia de la Huelga del Pueblo y la lucha contra la reforma laboral en los años de Pedro Rosselló, adelantos en la lucha de sectores como lo son la Mujer o las Comunidades en el cuatrienio de Sila M. Calderón y las movilizaciones contradictorias ante el cierre del gobierno en el 2005 y la imposición del IVU son ejemplos de luchas populares en las cuales hemos avanzado o retrocedido sin haber alcanzado un grado de conciencia y mayor capacidad organizativa.

No obstante, los que entendimos la necesidad del FASyL como respuesta a la embestida del gobierno, reconocemos la urgencia de trabajar la organización de los diversos sectores sociales en aquellas áreas que nos unen, respetando la diversidad y los objetivos particulares de cada cual. Asumimos además la responsabilidad de trascender de las organizaciones verticales, dirigidas desde la capital del país. Proponemos como correcto crear espacios de reunión, participación y decisión en todo el país mediante Consejos Regionales.

El carácter ideológico de esta lucha nos indica que los Consejos Regionales deben ser permanentes de manera que nos sirvan para la acumulación de experiencias que nos lleven a futuras propuestas, no defensivas, de cómo debe ser nuestro país.

¿Dónde estamos?
La aprobación del gobierno, con el apoyo de los sectores empresariales, de una serie de leyes que les permiten ir implementando la agenda neoliberal y conservadora tanto en el plano económico como el de valores confrontan a grandes sectores del país. Es claro que el concepto de lucha de clases está presente. La tan cacareada crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico no puede desvincularse de la exención contributiva a las grandes empresas que ha sido el eje de la política económica del gobierno desde hace más de cinco décadas.

Las diversas administraciones de turno, con el apoyo de las agencias federales han promovido una política económica que supone renunciar a socializar parte del mayor flujo de ganancias privadas que se generan en el país, lo cual nos lleva necesariamente a un empobrecimiento del erario público. Esta política ha fomentado el control de los sectores más importantes de la economía puertorriqueña por el gran capital extranjero. Los sectores dirigentes de la clase patronal puertorriqueña no han sido más que socios menores de esas grandes empresas y nunca han logrado articular un proyecto de desarrollo económico y social integral para nuestro pueblo.

El resultado de esta política de exención contributiva ha sido el fomento de una economía particularmente vulnerable a las decisiones del capital multinacional, con una base productiva unilateral y de poca integración entre sus partes (basta mencionar la destrucción y abandono de la agricultura puertorriqueña). Entre las consecuencias de esta situación se encuentra la incapacidad de proveer empleo a buena parte de los trabajadores y trabajadoras del país, situación crónica que se agrava en momentos de crisis, como el que vivimos a partir de 2008.

Aún cuando economistas, académicos y otros sectores han sugerido cambios en el modelo político y económico que sufrimos, el gobierno real de Puerto Rico, entiéndase los bonistas, empresarios y las fuerzas geopolíticas de Estados Unidos se han negado a revaluar esa política económica y fiscal cuyos efectos acabamos de describir, y en su lugar han recurrido a un endeudamiento cada vez mayor. Limitando así los recursos del sector público para ofrecer servicios de excelencia en la educación, salud, vivienda, empleo, seguridad social, recreación y reafirmación cultural.

Se suma a nuestra realidad inmediata, las políticas mundiales de privatización, de reducción del sector público, de desreglamentación del movimiento del capital privado, de fe ciega en la competencia entre empresas y bancos que han desembocado en la crisis financiera y económica mundial que ha condenado a millones de familias al desempleo y la miseria.

Sostenemos que si el gobierno de Puerto Rico tuviese como prioridad garantizar los niveles de vida de las grandes mayorías, hubiese respondido a la actual crisis fiscal reevaluando aquella política de exención contributiva para desarrollar medidas que, a corto plazo, incluyan: el cobro de contribuciones a los más de 30 mil millones de ganancia que se extraen del país anualmente, el cobro de las contribuciones adeudadas por sectores privilegiados, la dotación de recursos materiales y de personal para detectar y reducir las diversas formas de evasión de impuestos, el diseño de una verdadera reforma contributiva que deje de hacer pagar más a los que menos tienen.

Estas medidas a corto y mediano plazo debían acompañarse de un plan de reconstrucción orientado a la creación de actividades productivas integradas entre sí, más orientadas al mercado interno, capaces de proveer empleo y comprometidas con una relación no destructiva con el ambiente, proyecto que debe financiarse con el uso social de parte de la ganancias que hoy se extraen del país. Tal proyecto solo podría desarrollarse a través, no de una reducción, sino de una ampliación del sector público, de la soberanía y el control público sobre el desarrollo económico y de una creciente democratización de la gestión pública.

Incluso, los fondos federales que estén disponibles como parte de programas para enfrentar la crisis actual del capitalismo globalizado y salvaje que se ha impuesto al mundo durante las últimas décadas debieran dirigirse al desarrollo de ese plan de reconstrucción. Apoyaríamos el desarrollo de tal proyecto de reconstrucción nacional, si estuviera basado en la creciente socialización de parte de las ganancias privadas y una ampliación del sector público en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, es decir la gran mayoría, del pueblo norteamericano y los pueblos del Caribe, junto a los cuales podemos construir nuevas sociedades y relaciones de igualdad y colaboración entre nuestros pueblos.

La realidad es que lejos de optar por este camino, el gobierno de Puerto Rico ha insistido en la política de exención contributiva y de privatización que nos ha conducido, y a buena parte de los pueblos del mundo, a la crisis económica actual. El gobierno ha preferido adoptar una política de despidos y de privatización de servicios públicos. El efecto de esa política será, por un lado, lanzar al desempleo a miles de familias que se unirán a las que ya viven en esa situación y empeorar o eliminar, por otro, servicios públicos esenciales, empezando por los que reciben grupos con necesidades más apremiantes (personas con incapacidades, madres, jóvenes necesitados de consejería y muchos otros).

El aumento y amenaza del desempleo, cuya tasa oficial ya sobrepasa el 16%, será usado por los patronos como un arma para extraer concesiones e imponer peores condiciones a los trabajadores en sector privado. El resultado de esta política será un empobrecimiento general de la mayoría trabajadora y desposeída del país, un empeoramiento de las condiciones de trabajo y empleo, una intensificación del trabajo con igual o menor paga, con sus efectos terribles sobre la salud, un incremento de las actividades de la economía informal o ilegal, incluyendo sectores como el narcotráfico, con su secuela de violencia.

Las medidas aprobadas por el gobierno, como la infame ley 7 y la política de las llamadas alianzas público privadas demuestran que se trata de un gobierno que antepone las ganancias de las grandes empresas al bienestar de la gran mayoría del país. Por otro lado, lejos de exhibir iniciativa, capacidad de previsión o disposición a reconstruir al país, la clase patronal puertorriqueña ha demostrado que tan sólo le interesa capturar pedazos del sector público para así convertirlos en fuente de ganancia privada. La experiencia de las últimas décadas demuestran que ambos partidos dominantes en Puerto Rico están controlados por representantes de esa minoría patronal y privilegiada.

Una de las manifestaciones de esta compenetración de una clase patronal sin proyecto para nuestro país y los aparatos políticos que la representan es la compra y venta de contratos y favores y la corrupción que arropa a los gobiernos en Puerto Rico. Mientras los funcionarios del PPD describían a Puerto Rico como “Puerto Rico, Inc.”, los del PNP nos aconsejan que ante la injusticia y la desigualdad social nos resignemos a que así “así es la vida”, frases que lejos de ser casuales, resumen toda la perspectiva esencial de estos partidos.

Nuestro pueblo trabajador no puede esperar nada de tales partidos o de sus gobiernos. Puerto Rico no es una corporación sino un pueblo. La vida no tiene que ser un viaje de inseguridad y pobreza para muchos, de violencia y desesperanza para otros.

¿Qué vamos a hacer?
Para defenderse y crearse una forma de vida distinta y acorde con sus necesidades, el pueblo trabajador tiene que crear sus propias organizaciones que deberán ser tanto amplias y unitarias como democráticas y activas. Tales organizaciones deberán desarrollar planes y objetivos a corto, mediano y largo plazo.

La envestida patronal seguirá con reformas de agencias gubernamentales, reforma laboral y contributiva entre otras. El gobierno no dialoga, impone unilateralmente su criterio. Los medios legales están controlados por los representantes de las empresas. Existe una inclinación a revisar las doctrinas legales que reconocen derechos colectivos y que favorecen lo social.

Las movilizaciones, piquetes y actividades de presión son absorbidos por el sistema de seguridad del estado neutralizando la presión política que en años anteriores se le reconocían a estas actividades. Ante esta realidad debemos reconocer la necesidad de asumir con responsabilidad y compromiso total la decisión de impulsar la HUELGA GENERAL como un instrumento eficaz para promover nuestros reclamos y detener las medidas neoliberales que impulsa el gobierno y los patronos.

La HUELGA GENERAL no se decreta por los líderes. Tampoco será un evento con fecha, lugar y precisión. La HUELGA GENERAL será el resultado de un trabajo organizativo, de junte de fuerzas, de unidad en la diversidad, de dar un jalón en la conciencia de nuestro Pueblo. Será un acto de indignación donde la palabra BASTA YA se imponga ante el abuso, los despidos, el empobrecimiento de la clase trabajadora.

Para ello tenemos que alcanzar un grado de organización en cada rincón del país de modo que cada uno de los presentes pueda contestar que debo hacer para que la HUELGA GENERAL sea posible y qué debo hacer cuando la HUELGA sea una realidad. A cada organización le corresponde discutir y analizar cómo se incorporará a este proceso.

Ese grado de organización nos permitirá desarrollar ese ESTADO HUELGARIO en el cual ocurran actividades de todo tamaño y creatividad. Esas actividades deben minar la confianza de los gobernantes y a su vez ganar mayor simpatía para continuar luchando y sumando Pueblo a nuestros reclamos.

La coordinación, estructura y capacidad de dirigir que tengamos nos debe permitir articular una serie de propuestas a los problemas que todos sufrimos que se vayan convirtiendo en nuestro PROGRAMA DE LUCHA. Tenemos que hablar de economía, de las alternativas de energía, de la defensa del ambiente, de los derechos humanos, de la justicia social, de la igualdad, de democracia, del PODER.

Esta lucha no la va a hacer un pequeño grupo, o un sector estratégico. Esta lucha la tenemos que hacer todos. Unos adelante, otros después. Muchos juntos. Pero sin exclusión. Los que no lleguen es porque están del otro lado. Y cuando llegue el momento de hacer fuerza, será nuestro primer logro que nos llamen al diálogo. Pero no queremos diálogo por el diálogo mismo. La mesa de diálogo será el instrumento para hacer acuerdos porque ya la calle es nuestra.

La HUEGA GENERAL no es una panacea, ni puede ser una quimera. Será la respuesta de un PUEBLO que queremos organizar, educar y movilizar. Este proceso apenas comienza. Visualizamos otras asambleas locales, regionales y por organización. Creemos que debe haber un punto de encuentro nacional, amplio y contundente en el cual nuestra fuerza se manifieste. No podemos tener prisa. Tampoco rendirnos. Menos acomodarnos a que en las elecciones del 2012 se resuelve este conflicto. Es momento de dar duro. Es momento de unir fuerzas para vencer.

Hagamos lo imposible, ¡pero hagámoslo!

Luis Pedraza Leduc
Portavoz