Ponencia de la Unión de Trabajadores de La Industria Eléctrica y Riego (UTIER) ante la Comisión de Hacienda y Asuntos Financieros de la Cámara de Representantes
Proyecto de la Cámara 4350
12 de mayo de 2008

NUESTRA POSICIÓN SOBRE EL PROYECTO DE LA CÁMARA 4350
(Para establecer la “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo
de Puerto Rico)


Buenos tardes a todos. Se dirige a ustedes Ricardo Santos Ramos, Presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER). Nuestra Unión que tiene 66 años de existencia, representa sobre 5,000 trabajadores y trabajadoras de producción y mantenimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica. A su vez, la UTIER forma parte de la Coordinadora Sindical, organización de unidad sindical que agrupa quince uniones del sector público y privado las cuales representamos a más de 15,000 trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico.

Comparecemos en el día de hoy para expresar nuestra oposición al Proyecto de la Cámara 4350, el cual pretende establecer la “Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico”.

De entrada queremos expresar que nos preocupa la forma en que se ha excluido a importantes sectores de nuestra sociedad en el Comité de Trabajo encargado de la redacción de este proyecto de ley. Si hablamos de la importancia de una ley para promover el desarrollo económico de Puerto Rico, la redacción de la misma debe incluir a amplios sectores de nuestra sociedad, los cuales fueron excluidos de este proceso. Nos preocupa sobremanera que no se hayan incluido los sectores cooperativos, ambientalistas, universitarios y sindicales en la redacción de este proyecto de ley. Esta política de exclusión conlleva que el proyecto responda a los intereses de la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio cuyo interés no es el “desarrollo económico” de Puerto Rico sino el aumento de sus ganancias.

Tal vez la ausencia de todos los sectores de interés durante el desarrollo de este proyecto obedezca a las pretensiones del mismo. Todos en Puerto Rico queremos sacar a nuestro país del atolladero económico y de todos los males que dicha situación acarrea. Sin embargo, no podemos destruir los derechos alcanzados por los trabajadores y trabajadoras y las instituciones públicas que le han servido bien a Puerto Rico para beneficiar a un sector minoritario.

No cabe duda alguna, el Proyecto de Incentivos Contributivo constituye una ley de privilegios para los empresarios.

Nos oponemos a la aprobación de este proyecto de ley por varias razones, entre éstas, la eliminación de la jornada de ocho (8) horas para los trabajadores de la empresa cubierta por esta ley. Las razones son conocidas por ustedes, dicha pretensión es contraria a nuestra Constitución y a los logros alcanzados por la humanidad hace más de 100 años.

Concentraremos nuestra atención en lo que constituye el mayor mal de este proyecto de ley: La privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Durante más de 15 años nuestra organización ha señalado que en la Autoridad de Energía Eléctrica se desarrollan planes para privatizar la Corporación Pública más importante de nuestro país.

El gobierno y los distintos directores de la agencia han negado nuestra denuncia. Sin embargo, al correr del tiempo se ha demostrado la verdad de nuestras denuncias y tal y como lo hemos denunciado, el pueblo ha pagado el costo de la privatización.

Durante el pasado cuatrienio se aprobó el Proyecto de la Cámara 3603 para permitir la diversificación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Denunciamos en aquel momento que dicho proyecto tenía como objetivo poner en manos privadas la propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica y permitir que la fibra óptica instalada por la Autoridad fuera explotada por el sector privado. Investiguen señores legisladores cuál ha sido el resultado neto de PREPANET. Sencillamente ninguno.

Esta Legislatura aprobó por unanimidad el Proyecto de la Cámara 2168 presentado por los Honorables Legisladores Méndez Núñez, Jiménez Cruz, Colberg Toro y el exrepresentante Carlos Vizcarrondo. Este proyecto tenía como objetivo evitar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. El gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, vetó dicho proyecto de ley y se comprometió a someter un nuevo proyecto de ley que evitara la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Al día de hoy, no lo ha presentado.

Frente al pueblo ambos partidos de mayoría han expresado que se oponen a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica; sin embargo, este proyecto de Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico, presentado por el consenso de los dos partidos de mayoría, plantea claramente la privatización de la producción de la energía eléctrica.

La privatización de la producción de la energía eléctrica está contenida en la Sección 2 (H) de la referida ley que establece claramente “la producción en escala comercial de energía para consumo en Puerto Rico, mediante el uso de gas natural o carbón, mediante el uso de fuentes renovables, incluyendo pero sin limitarse a: energía solar, eólica, geotécnicas, océano técnicas, océano cinética, hidro-eléctrica, bio-masa o hidrógeno o desperdicios sólidos, recuperación de metano o mediante el uso de alta tecnología para producir energía a costos competitivos, incluyendo fusión y plasma”.

Al contrastar esta definición con los planes contemplados de establecer una planta de carbón en el Este del país y otra de gas natural en el Oeste, ambas de capital privado, se estará garantizando la privatización de la producción de casi el 70% de la energía que se utiliza en Puerto Rico. Es importante señalar que las negociaciones para la construcción de estas plantas se conducen desde hace varios años en forma confidencial, a espaldas del pueblo tal y como hicieron con las plantas privadas del Sur.

También se desprende del contenido de la legislación propuesta que la protección del ambiente es una consideración secundaria en los planes de los empresarios que redactaron la misma.

Se expresa públicamente el beneficio de diversificar las fuentes renovables de energía y combustible, pero en los hechos se extiende e intensifica la dependencia de combustible fósiles no renovables (carbón y gas).

Más adelante, en el texto de la ley, se propone la creación de la Administración de Asuntos Energéticos, que dispone las medidas necesarias para la expansión de las generadoras privadas, que han encarecido el costo de la electricidad desde el inicio de sus operaciones, y para la privatización de la producción de energía mediante el uso de recursos renovables.

La Administración de Asuntos Energéticos que propone la nueva ley no deja lugar a dudas de que los empresarios contarán con un organismo que no sólo protegerá sus intereses, sino que desde el mismo se controlará a la Autoridad de Energía Eléctrica. Además, pagará la factura de los desastres financieros que necesariamente ocurrirán. Le recordamos a esta Comisión que en California en 1999-2001 este programa fracasó estrepitosamente dejando al Estado $48 billones en pérdida, a los consumidores sin energía eléctrica y a los operadores privados de $48 billones de riqueza.

Una vez más se afirma, como política pública del gobierno en ambas administraciones, la otorgación de privilegios a las plantas generadoras privadas que, además del estado asumir todos los riesgos y pérdidas de la generación de energía, ahora contarán con mayores incentivos. Obligándose de paso, a la AEE, a garantizarle sus ganancias mediante un impecable sistema de transmisión y distribución. De igual manera se pretende hacer con la generación de energía mediante la utilización de recursos renovables.

Este leonino proyecto de ley pretende todavía más. En su determinación de aniquilar a la AEE también provee para la otorgación de un subsidio en el pago de la factura de las industrias y el gran comercio. Este subsidio tendrá un costo en diez (10) años de $2,605.3 millones, de los cuales la Autoridad pagará $894.8 millones y el gobierno central $1,710.5 millones. La experiencia nos dice que la Autoridad siempre termina pagando de sus fondos aquellas asignaciones que le corresponden al Fondo General. Es una ilusión pensar que estos costos serán sufragados con la reducción de gastos en la Autoridad y por los ingresos generados por el “Wheeling”, controlado por los empresarios. Este pago terminaremos pagándolo todos directamente a través de un aumento en las facturas residenciales o indirectamente con un aumento en las contribuciones para compensar lo que se saque del Fondo General, según lo establece la ley.

Deseamos aprovechar esta oportunidad para dejar meridianamente clara nuestra posición con relación al uso de los recursos renovables como fuente para la producción de energía eléctrica.

La UTIER no se opone al uso de estos recursos y a la tecnología utilizada para la generación de energía. A lo que si nos oponemos, porque consideramos la energía como un derecho de los pueblos, es a la explotación de los mismos por la empresa privada con el único propósito de acumular riquezas individualmente. La energía eléctrica no es una mercancía es un derecho de la humanidad.

La Autoridad de Energía Eléctrica atraviesa por uno de sus peores momentos. No debemos confundir el mismo, si bien es cierto que el costo del petróleo a aumentado el costo de la energía eléctrica, también tenemos que reconocer que las políticas de privatización que a espaldas del pueblo se desarrollan, han contribuido significativamente a incrementar el costo de la energía.

La privatización del 33% de la producción de energía ha aumentado el costo de la luz y ustedes lo pueden ver en su factura todos los meses.

La alternativa no es privatizar el resto de la producción de energía. La política de privatización y desreglamentación de la industria de la energía eléctrica con el objetivo de eliminar el monopolio del Estado y abrir la misma a los intereses privados ha fracasado, es nefasta para nuestro pueblo, lejos de reducir el costo de la luz, lo aumentará. Veamos varios ejemplos:

La experiencia más dramática, como hemos dicho, es el de California. La desreglamentación de la industria se efectúa en septiembre de 1996. Los californianos pagaban por la electricidad 7 mil millones de dólares en el 1999, los costos ascendieron a 27 mil millones de dólares en el 2000, superando los 50 mil millones en el 2005. Finalmente, esta situación creó un déficit del Estado por 48 billones de dólares y provocó la renuncia del Gobernador en el año 2001.

En Texas, la desreglamentación se efectuó en el 2002. El costo de la energía residencial aumentó siete (7) veces. Los ciudadanos de Texas en los mercados desregulados pagan en el presente una tarifa 20% por encima de lo que se pagaba sin desreglamentación.

Hay que señalar que la desreglamentación ha sido un fracaso total, repitiéndose el mismo incremento en las tarifas residenciales en todos los lugares en los Estados Unidos donde se implantó dicha política desde su inicio en la década del 1990. En Ohio han tratado, desde 2001, de proporcionar un sistema tarifario consistente con la desreglamentación y al presente, los experimentos han fracasado.

Muchos estados están abandonando la política de desreglamentación. ¿Cómo podemos explicar que nosotros en Puerto Rico tomemos ese rumbo equivocado?

En Puerto Rico se comenzó el proceso de desreglamentación en el periodo 1995-2000 con la contratación de la planta EcoEléctrica (Peñuelas) y AES (Guayama). El costo a AES hasta el momento ha sido $369 millones. Estos costos se desglosan así: pérdida de generación en San Juan y (atraso) en la rehabilitación de Palo Seco $144 millones. Obligación en la compra de energía, sobrecosto de producción $8.5 millones. Inversión en infraestructura de gasducto Peñuelas-Jobos $80 millones. Inversión en puerto y manejo de carbón $60 millones.

Estos $369 millones en prácticamente cuatro (4) años, representa $92 millones anuales que resultan ser una transferencia directa de la Autoridad de Energía Eléctrica a los privatizadores.

Es necesario señalar que el Costo Neto (Beneficio-Costo Total) del Proyecto EcoEléctrica, durante la operación del mismo tiene un valor de $491 millones. Esto significa un sobrepago de $42.8 millones anuales durante el periodo contratado. Estos costos los clientes de la Autoridad los pagan directamente en el cobro por compra de energía que se refleja mensualmente en las facturas.

Para no dejar de evidenciar nuestra denuncia, los apagones ocurridos en el 2003 en el Este de los Estados Unidos y Cánada el cual afectó a más de 50 millones de ciudadanos y el apagón ocurrido en Queens, Nueva York, hace dos (2) años fue producto de la desreglamentación y privatización de la Industria Eléctrica en Estados Unidos.

En este escenario la prioridad es la ganancia y nadie asume la responsabilidad de invertir en el mantenimiento adecuado de las líneas de transmisión y distribución. El proyecto de incentivo contributivo que discutimos hoy se encarga de dejarle el peso del mantenimiento de las líneas a la Autoridad de Energía Eléctrica. En otras palabras, que el pueblo pague para que los industriales maximicen sus ganancias. No cabe duda de que este proyecto reducirá el costo a los industriales y los grandes comercios, pero finalmente ese ahorro para los industriales saldrá del aumento en las tarifas residenciales y los pequeños comerciantes. Se le pasará al pueblo en forma de gastos en las tarifas residenciales. Las ganancias de esta operación se las llevaran los empresarios.

Este proyecto no debe aprobarse como está redactado. Hay que eliminar lo referente a la jornada de trabajo y lo más importante, la desreglamentación de la Industria de Energía Eléctrica. Nadie se opone al desarrollo de la energía renovable, pero este proyecto no persigue en términos prácticos el desarrollo de la energía renovable en Puerto Rico.

Nadie se opone a la reducción del costo de la energía, este proyecto solo le reducirá el costo de la energía a las grandes industrias y al comercio y hará más rico a los empresarios poniendo la factura y el peso de la operación en la mayoría del pueblo.

Nadie se opone al establecimiento de cambios administrativos y técnicos que transformen a la Autoridad de Energía Eléctrica en una Corporación Pública más ágil y eficiente, libre de politiquería y corrupción, pero destruyendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Regalando la Autoridad de Energía Eléctrica al sector privado es la peor alternativa para nuestro país.

Finalmente, a nombre de los hombres y mujeres que producimos, transmitimos y comercializamos la energía eléctrica en Puerto Rico, los que amamos de verdad nuestra empresa porque somos servidores públicos de carrera, le pedimos señoras y señores Legisladores, no aprueben este Proyecto de Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico. En lo contrario, le solicitamos que se enmiende en todo lo referente a la jornada de trabajo y lo relacionado a la energía eléctrica.

El tema de la desreglamentación de la energía eléctrica debe ser discutido ampliamente por todos los sectores afectados, muy en especial, los trabajadores y trabajadoras de la Autoridad de Energía Eléctrica afiliados a la UTIER, la Unión de Empleados Profesionales, la Asociación de Empleados Gerenciales, los Pilotos y los de Construcción, no solo por los industriales.

Para ello, proponemos democratizar la discusión, decisión e implantación de una política energética para el país. Debemos evaluar ampliamente el impacto de estas políticas en otras jurisdicciones y en Puerto Rico para no repetir los mismos errores.

Muchas gracias.


RICARDO SANTOS RAMOS
Presidente
Consejo Estatal UTIER