INFORME A LA ASAMBLEA DE PUEBLO
COLEGIO DE ABOGADOS
12 DE ENERO DE 2009
A. Antecedentes
Una vez se conocen los resultados electorales del 4 de noviembre de 2008, la Coordinadora Sindical envió una carta al gobernador electo, Lic. Luis Fortuño, con el interés de reunirnos y compartir nuestras preocupaciones sobre la política de relaciones obrero patronal existente en el país. Al designarse al Lic. Miguel Romero como Secretario del Trabajo, enviamos una petición similar. Esta última fue contestada, no la primera.
Por otro lado el gobernador nombró un comité asesor (compuesto por 14 personas representativas de los principales intereses económicos) para hacer recomendaciones en asuntos económicos durante el mes de noviembre. El mismo debería presentar sus hallazgos y recomendaciones para el 15 de diciembre de 2008. Como parte de las declaraciones públicas del gobernador electo, se expresó que no se podría cumplir con los convenios colectivos del gobierno central para el año 2009. Estas declaraciones motivo de nuestra parte una segunda carta que tuvo como respuesta una invitación a una reunión con el Lic. Luis Fortuño en la cual estarían citados todos los sectores del movimiento sindical. La reunión se pautó para el 19 de diciembre de 2008, a la 1:00 PM en el Edificio Luis A Ferré, frente al Capitolio.
El 15 de diciembre la reunión se cambio de hora, luego de día, más tarde de hora y se confirmó para el martes 16 de diciembre a la 1:00 PM. Una hora después de confirmarse se pospuso sin fecha. Todo esto coincidió con la solicitud del Comité Asesor de un plazo adicional para someter sus propuestas.
Pensamos en ese momento que la suspensión de la reunión tenía fundamentos ya que el gobernador electo debería preferir tener consigo las recomendaciones del Comité Asesor al momento de reunirnos. Sin embargo, la suspensión sirvió para añadir a la política de exclusión, el dividir a los sectores. De esta manera nos enteramos que el 22 de diciembre, de manera secreta, se convocó a un sector del movimiento sindical a reunirse con el Comité Asesor y no con Fortuño.
En este momento la Coordinadora tuvo una reunión de emergencia y acordamos tomar la iniciativa de convocar a esta Asamblea de Pueblo para evitar que la política de exclusión selectiva tuviera efecto.
Luego el Comité se reunió con economistas, con el tercer sector y el 30 de diciembre se invitó a 13 representantes sindicales a una reunión el 5 de enero de 2009. En esta reunión se incluyó a los compañeros Ángel Figueroa Jaramillo, Ramón Fuentes y Luis Pedraza Leduc y participó el Secretario de Trabajo. Asistimos a la reunión para denunciar el carácter clasista del Comité, exigir un proceso transparente, oponernos a las recomendaciones ya conocidas y solicitar los estudios y recomendaciones finales.
El Comité mantuvo su posición de no dar a conocer sus recomendaciones por instrucciones de Luis Fortuño. Aceptaron que los informes estaban culminados y solo querían conocer nuestras propuestas o recomendaciones. No hubo mayores resultados que no fuera tener la experiencia de enfrentar cara a cara a quienes representan, dirigen el gobierno y establecen las pautas económicas a seguir, los verdaderos gobernantes.
Estos datos se presentan para ubicar a todos y todas en el contexto que se produce esta convocatoria para una Asamblea de Pueblo. La convocatoria espera poder cumplir cuatro propósitos:
B. Introducción
Luego de las elecciones de noviembre de 2008, el Gobernador electo Lcdo. Luis Fortuño nombró a un llamado Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal y le encomendó: 1) evaluar lo que se denominó la grave situación fiscal y presentar recomendaciones sobre medidas a corto plazo para atender dicha situación; 2) presentar recomendaciones sobre la utilización de las llamadas Alianzas Público-Privadas y 3) presentar recomendaciones a corto, mediano y largo plazo para fortalecer y reconstruir la economía de Puerto Rico. Es de público conocimiento que los miembros de ese Consejo Asesor, presidido por el Sr. Richard L. Carrión, Presidente del Consejo y Principal Oficial Ejecutivo de Popular Inc. y por otras 13 personas están íntimamente ligadas a los grandes intereses económicos en nuestro país, condición que evidentemente constituyó el criterio para que fueran seleccionadas. Por lo tanto, desde su selección y nombramiento se trató de un Consejo excluyente de los demás sectores de la sociedad puertorriqueña, como son los sectores sindicales, comunitarios, ambientalistas y políticos del país, todos los cuales tienen valiosas aportaciones que hacer en relación a los problemas planteados al Consejo Asesor.
El 19 de diciembre de 2008, el Consejo Asesor de Fortuño emitió dos Informes: uno Preliminar sobre Reconstrucción Fiscal y otro de carácter final (según expresado por el Sr. Carrión) sobre las Alianzas Público-Privadas. El Informe Preliminar sobre Reconstrucción Fiscal omite incluir las recomendaciones del Consejo Asesor. Alegadamente tal omisión se hizo para dar oportunidad a que otros sectores de la sociedad proveyeran sus propuestas al Consejo Asesor y éste las considerara antes de someter las suyas al Gobernador. Conforme pudimos comprobar en una reunión llevada a cabo el 5 de enero de 2009 con el Sr. Carrión y con otros cuatro miembros del Consejo, el propósito de omitir las recomendaciones en el Informe del 19 de diciembre de 2008 fue dar la impresión falsa de que otros sectores participaban efectivamente del proceso, mientras el Consejo Asesor se reservaba sus recomendaciones como cartas escondidas de mala fe para evitar que los otros sectores pudieran debatirles y cuestionarles las mismas.
El Informe sobre las Alianzas Público-Privadas incluso incluye un proyecto de ley con la propuesta legislación que el Consejo interesa sea aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.
Las Alianzas Público-Privadas
Es muy significativo que el Consejo Asesor haya sometido con tanta prisa su Informe sobre las Alianzas Público-Privadas, que el mismo incluya un proyecto de ley y que, según se nos indicó en la reunión llevada a cabo el 5 de enero de 2009 con el Sr. Carrión y con otros cuatro miembros del Consejo, dicho Informe es final y no está sujeto a discusión ni a enmiendas de índole alguna. Mediante dicho proyecto de ley, el Consejo pretende que se establezca como política pública la intervención del sector privado en la prestación de los servicios públicos, en el mantenimiento a la infraestructura del país y en el desarrollo de nuevos servicios o instalaciones de infraestructura. De esa manera, el Consejo Asesor pretende facilitar la privatización de los servicios públicos, mediante la subcontratación del sector privado que ellos representan para prestar servicios y dar mantenimiento a obras de infraestructura, todo lo cual actualmente se lleva a cabo a través de las Agencias y las Corporaciones Públicas del Gobierno de Puerto Rico y de los empleados públicos. Además, el Consejo pretende se establezca como política pública la participación directa del sector privado en la construcción, mantenimiento y operación de obras públicas de infraestructura.
Evidentemente, el interés del sector privado son las actividades públicas que puedan resultarles lucrativas para dejar las actividades perdidosas al Gobierno, lo cual le agravaría el problema de falta de ingresos mientras beneficiaría a los intereses privados participantes de las Alianzas. Para colmo, el proyecto de ley del Consejo Asesor exime al sector privado de distintos requisitos existentes actualmente e incluso les provee exenciones contributivas adicionales en un momento en el que se pretende aumentar los arbitrios a nuestro Pueblo. Se trata de un descarado intento de apoderarse y aprovecharse de las actividades públicas gananciosas.
En el objetivo inmediato del sector privado representado por el Consejo Asesor, el Informe menciona específicamente: los puertos marítimos de nuestro país (como el Puerto Las Américas de Ponce, el Puerto de San Juan y el Puerto en Roosevelt Roads); los aeropuertos con todas sus facilidades; las autopistas de peaje (incluídas la PR-52, PR-66, PR-53, PR-20, PR-5 y la posible expansión de la PR-22 de Arecibo a Aguadilla); el transporte colectivo (incluídas las operaciones de la Autoridad Metropolitan de Autobuses y Metrobús, nuevas rutas del Tren Urbano a Caguas y Carolina y un tren liviano al Viejo San Juan); proyectos de generación de energía eléctrica; los hospitales y otras funciones que presta el Departamento de Salud; distintas funciones que actualmente presta el Departamento de Educación, las operaciones de las facilidades de la Administración de Corrección y las operaciones del Fondo del Seguro del Estado, entre otras.
La forma y manera con la cual el Consejo Asesor ha preparado y sometido su Informe sobre las Alianzas Público-Privadas con un proyecto de ley, demuestra que la aprobación de esa ley y la rápida implantación de Alianzas Público-Privadas son un objetivo de primera prioridad para el sector privado que está representado por el Consejo Asesor. La discusión de la situación fiscal y de las recomendaciones planteadas por dicho Consejo Asesor, las cuales redundan en continuar tirándoles la carga de todo a los trabajadores y deben ser claramente rechazadas, podrían implicar una táctica de distracción para colarnos las Alianzas Público-Privadas y así el sector privado lograr una vía abierta para apoderarse de las actividades públicas que puedan incrementar sus riquezas.
Finalmente, el 8 de enero de 2009, el Consejo Asesor de Fortuño emitió si informe sobre Reconstrucción Fiscal con sus recomendaciones, las cuales discutimos a continuación.
C. Comentarios sobre las recomendaciones del Informe del Consejo Asesor de Fortuño del 8 de enero de 2009
El Informe del Consejo Asesor de Fortuño incluye 33 recomendaciones, las cuales se clasifican como sigue:
1. Medidas para aumentar ingresos - que incluyen 5 medidas temporales y 9 medidas permanentes.
2. Medidas para reducir gastos - que incluyen 2 medidas temporales y 10 medidas permanentes.
3. Medidas financieras - que incluyen 4 medidas y 3 recomendaciones adicionales.
Es importante enfatizar que solamente tres medidas recomendadas por dicho Consejo afectan a las corporaciones, a los efectos de establecer una moratoria de dos años en los créditos contributivos que disfrutan, de imponerles una sobretasa contributiva de sólo un 5% y de que se les permita autoimponerse una contribución sobre sus propiedades inmuebles no tasadas a base del valor en los libros de la corporación y no a base del valor de una tasación sobre valor en el mercado. Las primeras dos medidas, al igual que otra medida que impondría una sobretasa contributiva de sólo un 5% a los individuos con ingresos brutos ajustados que excedan de $100,000.00, se recomiendan con carácter temporal y ni siquiera se plantean imponer pagos contributivos de carácter progresivo para que las corporaciones y los individuos que ganan altísimas cantidades de dinero realmente aporten en proporción a lo que reciben. La tercera medida recomendada para las corporaciones lo que hace es privilegiar a éstas frente a los individuos que tendrían que actualizar el valor de sus propiedades a base del valor en el mercado.
Distinto a lo que se pretende aplicar con carácter temporero a las corporaciones y a los individuos de altos ingresos, el Consejo Asesor de Fortuño recomienda echar la casi totalidad de la carga económica al Pueblo y a los trabajadores.
Las medidas que afectan directamente al Pueblo incluyen:
Con carácter temporal
1. Reducción de la exoneración contributiva sobre la propiedad inmueble e imposición de una sobretasa de dicha contribución para los dueños de propiedades cuyo valor exceda de $15,000.00. Esto afectaría a todas las personas que tengan títulos de propiedad de sus residencias y cuyo valor tasado para fines contributivos sea de más de $15,000.00. No se recomienda una sobretasa progresiva para que la mayor proporción la paguen los dueños de propiedades millonarias.
2. Imposición de un arbitrio por cada minuto de comunicación de voz por los teléfonos celulares.
Con carácter permanente
3. Aumentar el impuesto sobre la gasolina de 16 a 40 centavos por galón, equivalente a un aumento de un 150%.
4. Aumentar el impuesto sobre el petróleo crudo fijándolo en $6.00 por barril.
5. Aumentar el arbitrio sobre cigarrillos en 50 centavos por paquete.
6. Aumentar los arbitrios sobre las bebidas alcohólicas.
7. Retasar las propiedades inmuebles para actualizar sus valores y lograr un aumento en los recaudos que pagan sus dueños.
8. Reducir el 10% de los gastos generales de funcionamiento de las agencias para este semestre y para años subsiguientes, sin que se establezcan criterios de que no se afecten los servicios esenciales que se proveen al Pueblo, como son la educación y la salud, entre otros.
Las medidas que afectan directamente a los trabajadores incluyen:
Con carácter temporal
1. Reducir la jornada de trabajo en casos de agencias o grupos de agencias donde se lleve a cabo una consolidación de funciones lo cual, a su vez se refiere a una medida permanente recomendada por dicho Consejo, respecto a la reorganización y consolidación ciertas agencias de la Rama Ejecutiva.
2. Moratoria de dos años en los aumentos negociados en las cláusulas económicas de los convenios colectivos con los sindicatos que representan a los empleados del Gobierno Central.
Con carácter permanente
3. No crear plazas nuevas ni reemplazar a los empleados que renuncien, se retiren o cesen en sus empleos.
4. Eliminar el 33% de los empleados transitorios, irregulares y de confianza, sin que siquiera se establezcan criterios para que tal eliminación aplique a los empleados de confianza que son los que más ganan, los que son las batatas políticas y los que no prestan servicio directo alguno al Pueblo.
5. Eliminar todas las plazas de personas empleadas a partir del 1 de julio de 2008, sin establecer criterios relativos a la necesidad de sus puestos. De esa manera se hable de cesar a 11,000 personas sin que el sector privado les pueda ofrecer empleos.
6. Eliminación del pago del exceso acumulado de las licencias por enfermedad y vacaciones para liquidarla en tiempo compensatorio pero sujeto a que se legisle la eliminación del derecho a acumular las mismas si no se utilizan.
Una visión global de las recomendaciones del Consejo Asesor de Fortuño reflejan que se trata de aumentar aún más el costo de vida del Pueblo y de afectar los servicios esenciales que el Gobierno les provee, así como de afectar a los empleados públicos dejándolos sin trabajo o aumentar la carga de trabajo a los que se queden mientras se les reducen sus beneficios al mismo tiempo que (conjuntamente con el resto del Pueblo) se les aumenta aún más el costo de vida.
En cambio, la aportación de los bancos y de las corporaciones que más tienen resulta insignificante.
No tenemos objeción a las medidas recomendadas por el Consejo Asesor de Fortuño que se refieren a una mayor eficiencia en el cobro de las contribuciones adeudadas o de las contribuciones por ingresos no reportados. Sin embargo, la recomendación del Consejo sobre este asunto incluye una amnistía para que se permita el pago de lo adeudado sin intereses ni penalidades, lo cual normalmente favorece a los que más ganan, que más reciben ingresos no reportados y que más adeudan al departamento de Hacienda, que son precisamente las corporaciones y los individuos acaudalados. Precisamente los intereses que representan los miembros de dicho Consejo Asesor.
Todos sabemos que el mayor peso de la carga contributiva recae sobre los trabajadores asalariados y es hora de que esa situación cambie. Se trata de que los que más tienen son los que más tienen que aportar, de manera que los distintos sectores de la sociedad aporten según su capacidad económica.
Los intereses representados por los miembros del Consejo Asesor de Fortuño nunca han estado de acuerdo con aportar como les corresponde y, por tal razón se han opuesto consistentemente a las medidas legislativas que les imponían responsabilidad económica para el sostenimiento del Gobierno de Puerto Rico.
D- Medidas de recaudo alternas no reconocidas o aprobadas.
A modo de ejemplo podemos mencionar las siguientes medidas que se sometieron a la Legislatura para allegar fondos y que no fueron aprobadas:
(a) P de la C 1938: impuesto a las mega tiendas que exceden de $1 millón en ingresos anuales (estimado de recaudos $100 millones);
(b) P de la C 1519: impuesto de contribución de 0.4% sobre las primas de las compañías de seguros (estimado de ingresos de $30 millones);
( c) P de la C 1935: aumento en marbetes a embarcaciones de 30 pies o más de largo (estimado de ingresos de $700 mil);
(d) P de la C 1932: arbitrios a las armas de fuego (estimado de ingresos de $310 mil);
(e) P de la C 1781: retención de un 10% a las tragamonedas en los casinos (estimado de ingresos de $30 millones);
(f) P de la C 1933: impuesto adicional transitorio de 10% sobre la venta al detal de joyería (estimado de ingresos de $10 millones);
(g) P de la C 1034: eliminación de deducciones intereses hipotecarios en segundas propiedades (estimado de ingresos de $35 millones);
(h) P de la C 1780: para uniformar tasas contributivas sobre ganancias de capital a largo plazo y establecer una tasa de 20% (estimado de ingresos de $60 millones);
(i) P de la C 1779: establecer un impuesto adicional transitorio a corporaciones y sociedades dedicadas a la prestación de servicios financieros, de seguros, de arrendamiento de bienes muebles y otros servicios prestados (estimado de ingresos de $140 millones);
(j) P de la C 1718: establecer impuestos a las aseguradoras (estimado de ingresos de $17 millones)
Además, debemos mencionar las medidas alternas sugeridas por organizaciones sindicales en Puerto Rico, en el contexto de la discusión sobre la imposición del IVU en septiembre de 2006:
(a) Revisión de los criterios bajo los cuales se proveen exenciones contributivas a empresas para que contribuyan al erario público (informes falsos sobre ingresos que contrastan con aquellos que someten a los bancos en el procesamiento de préstamos; exenciones destinadas a fomentar la agricultura para beneficiar a empresas o personas que no se dedican a actividades agrícolas; uso indiscriminado de disposiciones de ley destinadas a empresas sin fines de lucro para beneficiar a empresas que realmente generan lucro);
(b) Fijar un impuesto de no menos de 10% de la base total exenta de tributación a instituciones que se han beneficiado por muchos años de un 100% de exención contributiva en renglones como ingresos arbitrios, propiedad, patentes y otros (facilidades hospitalarias privadas con o sin fines de lucro; industrias procesadoras de productos agrícolas no destinadas la siembra, cultivo o crianza de animales para el consumo humano; instituciones educativas privadas);
(c) Impuesto de 15% en enseres eléctricos y electrónicos cuyo precio exceda $2 mil; piezas de vestido que excedan $300 o joyas que excedan de $500.00;
(d) Impuesto de 0.5% sobre los activos de la banca comercial (para diciembre de 2006 era de $101,478.694 millones, lo que equivale a $507 millones);
(e) Derogar la ley Núm. 24 de 11 de abril de 2001 la cual redujo las contribuciones sobre las ganancias de capital en un 50% y retornar esas contribuciones a sus tasas originales de 20% y 25%;
(f) revisar la ley que creo las Sociedades Especiales (mientras una corporación tributa un máximo de 39% y cada accionista tributa 10% de los dividendos recibidos, las Sociedades Especiales reparten las ganancias entre los socios y estos tributan como individuos un máximo de 33%.Si tributaran como corporaciones, el erario público tendría un ingreso adicional de no menos de $429 millones;
(g) Sustituir el impuesto en los marbetes;
(h) Impuesto especial a industrias y actividades que generan un gasto público extraordinario (contaminación, recuperación ambiental, cuidado de la salud, generadoras de desperdicios que provocan aumento en el recogido, disposición y procesamiento de la basura, no proveen seguro médico, vacaciones y otros beneficios a los empleados en abierta violación de las leyes vigentes);
(i) imposición de tarifa de entrada razonable a los extranjeros a Puerto Rico;
(j) Culminar el proceso de identificación de todas las propiedades inmuebles existentes en Puerto Rico y desarrollar una verdadera reforma en la tasación de los bienes raíces evaluando todas las exenciones y exoneraciones contributivas vigentes;
(k) limitar la exención contributiva por primera residencia hasta un máximo de $200 mil, destinando un 0.25% del total de la tasa impuesta y cobrada a un fondo de emergencia para subsanar situaciones presupuestarias imprevistas o desastres naturales; etc.
E - Consecuencias y repercusiones de la implantación de las medidas del Comité Asesor y de la legislatura, entre otras.
Creemos firmemente que la crisis que se nos presenta es una cortina de humo, un recurso para paralizarnos, dejarnos sin alternativa para de esta manera impulsar medidas económicas que desde hace tres décadas los intereses económicos están tratando de instaurar en Puerto Rico. No negamos que el modelo económico esté agotado. Tampoco negamos que el costo de vida vaya en ascenso y que los salarios se hayan reducido.
Lo cierto es que las ganancias de las principales compañías aumentan desproporcionalmente al ingreso de individuo. La crisis del presupuesto del gobierno representa el 10 % de la economía del país. ¿Cuál es la realidad del otro 90 %? ¿Para quién es la crisis? ¿Por qué no se discute públicamente un problema que nos afectará a todos y todas?
Insistimos que el objetivo principal de los grandes intereses económicos está en su propuesta de privatización, llamada Alianza Pública-Privada, APP. Esta modalidad implica la privatización de servicios públicos esenciales, despidos y reducción de jornada laboral de trabajadores del sector público, eliminación y/o fusión de agencias, reducción de servicios al pueblo, eliminación de derechos adquiridos y beneficios económicos negociados y el encarecimiento del costo de la vida para todos.
Nuestro principal reclamo debe ser la defensa del Trabajo seguro y decente como alternativa ante la verdadera crisis que padecemos, la pobreza definida como ausencia de trabajo o condiciones pobres de empleo.
Exhortamos a evaluar todo el proceso, a ver en conjunto las medidas presentadas para de manera efectiva podamos unir esfuerzos y enfrentar la ofensiva del gran capital. La unidad de esfuerzos es vital. No podemos dividir nuestros esfuerzos. En ese espíritu participemos y tomemos las mejores decisiones.
Luis Pedraza Leduc
Portavoz Coordinadora Sindical